Uno de los ejes vitales en los discursos de las actuales campañas políticas de cualquiera de los partidos es mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de la más vulnerable; esto significaría reducción de los niveles de pobreza, elevación del poder adquisitivo, contracción de las brechas de desigualdad y el incremento de la dotación de capacidades en el país para generar ocupación laboral y crecimiento económico.

Los resultados de estos discursos a lo largo de las últimas décadas y de los últimos gobiernos, sin importar el color del partido político, no se alinean con la triste realidad socioeconómica del país. 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al primer trimestre de 2021, existen 39.4 millones de personas con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, esto es el 48.9% de la población nacional total quienes registran un ingreso inferior a $3 mil 360 pesos mensuales.

A su vez, según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE), 2 millones 411 mil 863 personas se encuentran desocupadas, lo que significa que buscaron incorporarse a alguna actividad económica y por causas ligadas al mercado de trabajo no se han integrado formalmente a alguna ocupación.

Entre el primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021, se observa una disminución de 2.1 millones en el número total de ocupados donde seis de cada 10 empleos generados forman parte del sector informal. 

La predominancia del subempleo continúa impactando directamente en el bienestar social, en el contexto donde la estructura ocupacional en el país no garantiza el acceso a los derechos de seguridad social, pues el 26.2% de la población nacional no es derechohabiente a servicios de salud.

En el campo de la ocupación, el ingreso laboral real anual disminuyó 4.8% ubicándose en $4 mil 456 pesos mensuales con una brecha de $856 pesos entre hombres y mujeres. No obstante, la mayor caída del ingreso se concentra en la población más frágil quienes pertenecen al primer y segundo quintil de ingreso.

Esta dinámica se ha traducido en un aumento de la desigualdad en el país, que medida a partir del coeficiente de Gini, el cuál toma valores de 0-1, en donde el 0 representa una mayor equidad, mientras el 1 es el caso contrario, éste pasó entre el primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 de 0.490 a 0.512.

A pesar del esfuerzo por incrementar el salario mínimo, aunado a las políticas redistributivas mediante transferencias monetarias del gobierno a ciertos grupos de la población, como lo son personas mayores, jóvenes, madres solteras, entre otros, la caída del poder adquisitivo no se ha detenido. Este comportamiento se explica en parte por el aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC).

La evidencia devela que se necesitan más allá de discursos populares. Las políticas de corto plazo no van a modificar la realidad, dado que los problemas son de índole estructural. Se requiere una transformación en las características ocupacionales laborales y particularmente formales que fortalezcan en materia económica a las familias para que a su vez, se dinamice la demanda agregada y se logren reducir las brechas de desigualdad.

Sin un aumento en el bienestar y estabilidad laboral no habrá una vida más digna para los mexicanos.

Con información del Heraldo de México.

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