Durante el actual proceso electoral se han registrado en el país 90 incidentes de violencia política, con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinadas, revela un análisis realizado por la encuestadora Integralia.

Ese reporte contempla los casos suscitados entre septiembre de 2020, cuando inició el proceso electoral, considerado como el más grande de la historia en México, y el 28 de febrero de 2021.

Advierte que esos casos de violencia política ocurrieron en 23 de las 32 entidades del país, y los homicidios por la misma causa se presentaron en 19 estados de la República.

Los de mayor incidencia son Oaxaca, con 10 asesinados y dos heridos; Veracruz, con ocho homicidios y ocho heridos; Guanajuato, con siete crímienes y dos heridos; Guerrero, con seis asesinatos y tres heridos y Baja California, con seis homicidios.

Por municipio, los que mayor número de incidentes de violencia política reportaron son: Acapulco, Guerrero, con 3; con dos casos están Moroleón, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Cajeme, Sonora; San Luis Potosí, SLP; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tecate, Baja California, e Iguala, Guerrero.

El 83 por ciento de las víctimas (90) se trata de hombres y el 17 por ciento (18) de mujeres. Mientras que la amplia mayoría de las víctimas son funcionarios públicos, de gobierno y partidistas, así como precandidatos de diversos partidos políticos, incluidos los de mayor presencia electoral.

De las víctimas que tenían una filiación política, el 33 por ciento era de Morena y el 26 por ciento, del PRI; mientras que del PRD y Movimiento Ciudadano era 12 por ciento por cada partido.

El restante 17 por ciento pertenecía a otros partidos como PVEM, PAN, Encuentro Social, PT y Redes Sociales Progresistas.

Asimismo, de los casos de homicidio por violencia política, la mayoría de las víctimas eran funcionarios municipales, con 18 casos registrados en el citado periodo de referencia; seguido de aspirantes a elección popular, con 11 casos y funcionarios federales y estatales con siete casos. En la lista de asesinatos se incluyen también los casos de seis activistas, cuatro exfuncionarios públicos, cuatro periodistas, tres expresidentes municipales, tres presidentes municipales y tres líderes de partido.

Igualmente han sido víctimas de asesinato por esa violencia política dos legisladores locales, dos excandidatos, dos jueces, y los restantes 10 casos eran funcionarios de otros niveles.

Tan sólo en febrero de este año destacan los casos de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, emanado del partido Movimiento Ciudadano, quien fue asesinado el 4 de febrero; así como el de Gladys Merlín Castro, expresidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz, emanada del PRI, quien fue asesinada a mediados de febrero pasado.

Otros casos son los de Carla Enríquez Merlín, precandidata del partido Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada a mediados de febrero; e Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos y precandidato del Partido Verde en Quintana Roo, asesinato el 24 de febrero pasado.

Integralia recordó que el 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la estrategia del gobierno federal para ofrecer protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral 2020-2021.

Señaló que si bien el anuncio es una señal positiva, la estrategia tendrá un inicio tardío y será difícil de implementar, dada la magnitud de estas elecciones (más de 3,500 cargos en disputa).

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